Justicia Transicional e impunidad
La Justicia no es un asunto sólo de leyes
Per Adrián Ramírez*
En México se dio un proceso de Justicia Transicional. Se logró en el año 2000, el cambio de poderes y después de más de 70 años el Partido Revolucionario Institucional, entregó la banda presidencial a Vicente Fox del Partido Acción Nacional quien ganó la presidencia de la república, dando inicio a un proceso de alternancia en el poder, vigilado y guiado por acciones de justicia transicional. Se pactó de manera tácita o explícita mecanismos para brindar impunidad a los responsables de violaciones a derechos humanos.
Se lograron modificaciones jurídicas importantes y profundas gracias a las acciones incansables de familiares y víctimas junto con ONGs. Ellos tuvieron que salir a nivel internacional a buscar justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitió cinco sentencias condenando al gobierno de México por violaciones graves a los derechos humanos, una de ellas, la del caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
La sentencia de la CoIDH en el Caso Rosendo Radilla, junto con las demás, ha contribuido a avances importantes en reformas jurídicas, incluso de rango constitucional como la de junio de 2011. Asimismo, se ha logrado acotar al Ejército para que sea la justicia ordinaria quien juzgue a militares acusados de cometer violaciones a derechos humanos, pero lamentablemente la sentencia no ha significado nada para el esclarecimiento del paradero de Radilla y de los cientos de desaparecidos de aquellos años.
Se ha avanzado en el reconocimiento de la necesidad de la reparación integral de daños, el derecho a la verdad, el castigo a los responsables y el ejercicio de la “no repetición”. No obstante de la vigencia del Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional y de todo lo que con él se ha generado, vivimos un grave retroceso en materia de derechos humanos.
En los hechos
Entristece y preocupa que precisamente en este modelo de justicia transicional, el gobierno de México encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, haya iniciado su sexenio en el año 2006 declarando su guerra contra el narcotráfico. Y pese a todas las reformas y mecanismos jurídicos para la protección de los derechos humanos, estamos viviendo una crisis humanitaria, de dimensiones insospechadas.
Se prevé que desde el 2006 hasta que termine el sexenio de Peña Nieto en el 2018, llegaremos a más de doscientas mil víctimas humanas, más de 60 mil desaparecidos, de las cuales un alto porcentaje son migrantes centroamericanos. Miles y miles de desplazados internos y hacia otros países.
Agravando aún más la situación, tenemos una Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que ha propiciado que la tortura repunte con un incremento de 500 a 700%, la fabricación de “presuntos culpables”, y las cárceles llenas de personas injustamente presas, los ataques reiterados a defensores de derechos humanos, reporteros y medios alternativos.
La criminalización de las protestas sociales, y la regulación del derecho a la libre manifestación, el uso y abuso de armas no letales que han causado muertes y mutilaciones de personas, leyes y protocolos para el uso de la fuerza que hostigan, limitan y agreden a los manifestantes.
De la misma manera, las presiones de Estados Unidos para el endurecimiento de las políticas migratorias, son responsables de que se les deje a merced de las inclemencias, los accidentes y los grupos de delincuencia organizada, produciendo violaciones, mutilaciones, trata y la muerte a miles de migrantes cada año.
Ante esa grave y profunda crisis humanitaria, víctimas, familiares y Organizaciones de la Sociedad Civil, unieron sus esfuerzos en México y varios países centro americanos junto con organizaciones en Estados Unidos y Europa. Y en este contexto, en el 2013 lograron la aprobación de la Ley General de Víctimas, surgida desde las bases propias de las organizaciones, sublimación de ese dolor y desesperación convertido en acciones legislativas que hay que conocer y defender.
El centro de nuestro trabajo es lograr que el Estado Mexicano acepte su responsabilidad, sancione de manera efectiva a quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos, para romper con el hilo de continuidad de la impunidad, puesto que los perpetradores del pasado siguen hoy al frente de la represión.
México sigue sentado en el banquillo de los acusados, nuestra Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones mexicanas, han venido presentando comunicaciones a la Corte Penal internacional; la más reciente en septiembre de 2014, sobre delitos contra la humanidad cometidos desde el 2006 hasta la fecha.
El camino para lograr justicia es largo pero llevamos años en él y se han obtenido pequeños logros. El reto de los derechos humanos y su realización efectiva no está sólo en las buenas leyes. Los pueblos debemos conocer y defender nuestros derechos humanos. Invitamos a que conozcan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el modelo de las comunicaciones que deben presentarse. Debemos de coordinar esfuerzos y caminar juntos hasta lograr la justicia.
* Adrián Ramírez López, Médico, investigador especialista y activista en derechos humanos, Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa por los Derechos Humanos (LIMEDDH)
